Durante la jornada de este viernes 24 de julio de 2026, la administración venezolana comunicó oficialmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, su determinación definitiva de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). Esta resolución, dictada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se materializó a través de la denuncia formal del Estatuto de Roma, amparándose legalmente en las disposiciones contenidas en su Artículo 127.

La delegación diplomática del país, liderada por Félix Plasencia González, hizo pública esta postura mediante un comunicado oficial difundido a través de su perfil en la red social X. El texto sostiene que esta determinación surge como respuesta directa a un marcado desequilibrio en el proceder del tribunal con sede en La Haya. Según las autoridades nacionales, el organismo internacional centra sus indagaciones de manera desproporcionada en naciones de África y América Latina, perjudicando de forma directa a los países del Sur Global.

Para el Ejecutivo venezolano, este actuar evidencia un sistema judicial carente de equidad que vulnera la soberanía y el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos, al aplicar criterios desiguales y selectivos en el ámbito global.